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Cuando Susana Dueñas vio en las noticias que la Corte Suprema de México había resuelto que abortar no podía ser considerado un delito, no podía creerlo. Ella había pasado seis años y medio encarcelada precisamente por eso.
“Fue emocionante pensar que ya no va a haber mujeres como nosotras”, dijo la mexicana de 38 años en referencia a un grupo de nueve mujeres que como ella pasaron por la prisión en el conservador estado de Guanajuato hace más de una década. A ellas la justicia no les llegó. Todas fueron liberadas en 2010 por reducción de penas, no por ser consideradas inocentes.
El fallo de la Corte Suprema que esta semana declaró inconstitucional la penalización del aborto -tanto para las mujeres como para quien las ayuda- es un paso importante en una lucha de casi un siglo y que comenzó a concretarse hace menos de 15 años.
Aún así, el camino hasta lograr el aborto legal será largo en México, un país de fuerte tradición católica y donde la Iglesia conserva gran influencia.
Un día después del fallo los obispos mexicanos dijeron que la decisión judicial exhibía un “peligroso y desproporcionado contraste” entre cómo se defendieron los derechos de la mujer por encima de los del no nacido. En tanto, grupos provida se manifestaron en el centro de la capital proyectando de fondo imágenes de un feto mientras se escuchaba el latido de un corazón.
El fallo de la Corte obliga a todos los jueces el país a seguir esa pauta cuando les llegue un caso por aborto pero sólo en el estado de Coahuila -cuyo código penal fue el recurrido- el efecto es inmediato.
Sólo cuatro estados de México -la capital, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo- permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación en todos los casos. En los 28 estados restantes sigue siendo un delito, con algunas excepciones.
Verónica Cruz, directora de “Las Libres”, el colectivo que ayudó a sacar de la cárcel a Dueñas y a sus compañeras, estimó que puede durar unos cinco años cambiar los códigos penales de cada estado a golpe de recursos judiciales porque duda que haya voluntad política para hacerlo más rápido.
El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, anunció que abogados públicos se encargarán de asistir a quienes enfrenten causas penales por aborto, aunque dijo desconocer cuántas personas podrían estar en esa situación.
Según Cruz, ya no existen mujeres encarceladas en México por abortar, pero sí hay unas 4.600 carpetas de investigación abiertas en todo el país por ese delito, por lo que lo más práctico no sería gastar en defensores de oficio sino cerrar y archivar directamente todos esos casos.
La lucha por el aborto legal en México comenzó en la década de los 30, cuando hubo propuestas para que el Estado lo regulara, recordó la antropóloga y feminista Marta Lamas en un artículo de la revista Nueva Sociedad de 2009.
En los 70 hubo una nueva ola de exigencias que lograron la despenalización en algunos casos. Pero no fue hasta 2007, después de años de lucha de los colectivos sociales que evidenciaron las muertes de mujeres por interrumpir sus embarazos de forma clandestina y las ansias de cambio de una parte importante de la población, que se despenalizó por completo en la Ciudad de México. Dueñas llevaba entonces tres años encarcelada a unos 350 kilómetros de la capital.
En 2004, con 19 años, notó que algo se le desprendía del cuerpo, fue al baño y de ahí al hospital, donde una trabajadora la denunció. La policía estuvo junto a su cama para que no escapara hasta que se la llevaron presa. El acoso siguió en la cárcel, donde sus compañeras de celda la tachaban de asesina de su bebé.
Cuando la capital despenalizó el aborto los detractores de la medida impugnaron la decisión pero la Corte Suprema -cuyos integrantes entonces eran de tinte más conservador que ahora- dijo que era constitucional legalizarlo.
Luego llegaron años de reformas constitucionales en derechos humanos y una mayor preparación de jueces y abogados para trabajar con una perspectiva de género a raíz de las condenas a México por sonados casos de feminicidios, explicó la profesora de Derecho Leticia Bonifaz, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y antes de la actual decisión fue clave que en 2017 el entonces Procurador General de la República, Raúl Cervantes, promoviera una acción de inconstitucionalidad en la Corte sin la cual el alto tribunal no hubiera debatido el caso ahora, recordó Bonifaz.
La Corte Suprema mexicana se ha posicionado así por delante de los políticos no sólo en el aborto sino también en el matrimonio igualitario o el uso lúdico de la marihuana, temas que el tribunal consideró derechos constitucionales pero en los que está pendiente todavía una labor legislativa en muchos estados.
“Hace mucho tiempo que en México se están dando cambios en sede jurisdiccional, porque el Poder Judicial mexicano ha sido de vanguardia en muchos temas”, destacó la académica.
“Qué bueno que ya después de tantos años de luchar, de contar nuestra experiencia, se logró”, afirmó Dueñas en conversación telefónica desde Santa Teresa, el pueblo de Guanajuato que la vio nacer, que la estigmatizó durante años y donde ahora trabaja haciendo bordados y limpiando. “Se debe respetar a las mujeres, sus derechos”.
Pero sigue teniendo una espina clavada. La prioridad era salir en libertad cuanto antes y por eso sus abogadas optaron por pedir una reducción de la pena en lugar de reclamar su inocencia. “Me gustaría que dijeran que se equivocaron”, comentó.
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