Bajo la justificación de reorientar recursos para atender la crisis sanitaria y económica que dejará el COVID-19, diputados de Morena pretenden desaparecer 109 fideicomisos, cuyos fondos están especificados para atender desastres climatológicos, becas deportivas, de investigación científica, así como producciones cinematográficas, entre otros.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara ya aprobó el proyecto de dictamen este martes 29 de septiembre. Pasó con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Este jueves 1 de octubre se habrá de discutir la iniciativa ante el Pleno cameral.
El saldo actual de los fideicomisos es de 68,478,123,839.26 (68 mil millones), parte de esto podría ser rencausado para temas de salud y economía, además de garantizar la continuidad de programas sociales del bienestar, política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante esto, universidades, centros de investigación, organismos de la sociedad civil, fuerzas políticas, como instituciones autónomas, ha manifestado su preocupación, porque la propuesta impactaría en sus desarrollos y operaciones. Sin embargo, el dictamen argumenta que solo se trata de reasignar montos contemplados en el “Presupuesto de Egresos de la Federación o en las disponibilidades de los entes a cargo de los fondos y fideicomisos”.
“La extinción de algunos fideicomisos no significa la desaparición de los apoyos, sino una reorganización administrativa en la que se está revisando cada peso”, dijo Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
La lista agrupa a 65 fideicomisos del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), 26 son de Centros de Investigación, 18 más están destinados a proyectos como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y de estímulos al Cine nacional.
En un inicio, los legisladores morenistas planteaban la extinción de 55, pero ampliaron su recorte a 109. Mario Delgado insistió en que la desaparición de los fondos no significa que el gobierno eliminará sus responsabilidades ni los apoyos. Agregó que algunos recursos están comprometidos, pues corresponden a poblaciones específicas. De modo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinaría qué montos serán respetados y cuáles recibirá la administración encabezada por López Obrador.
Según datos oficiales, de los 332 fideicomisos registrados hasta el segundo trimestre del 2020, 305 están en operación y 32 en proceso de extinción.
El monto total de las disponibilidades reportadas es de 728 mil 381.7 millones de pesos (mdp). Y el 90.3% (657,385.7 mdp) se concentró en 25 de estos fondos, de los cuales, la mitad fueron para estabilización presupuestaria. El Conacyt tiene 29.8% de participación en estos recursos; la SHCP 24.4%; SEP 7.8%; SCT 6.3%; Cultura 4.2%, Turismo 3.3%. De los vigentes, 249 son del ámbito federal, 55 estatales y 28 privados.
Respecto a los fondos de Conacyt, la bolsa suma 25 mil 741 millones. El impacto a Fidecine sería por sus 224,247,606.55 de pesos. El Fonden, con 6,861,155,316.78; Derechos Humanos y Periodistas, 250,353,139.84; Deporte, 213,440,882.92; ; Migrantes, 142,442,911.59.
El dictamen contempla la modificación de al menos 18 leyes y eliminación de tres; lo cual conlleva cambiar 52 artículos, ya sea la derogación de fracciones o la disposición entera.
Uno de los fideicomisos que más ha levantado críticas por su probable desaparición es el correspondiente a Fidecine. Al menos 18 instituciones y colectivos, aunado a más de 100 personalidades de la industria (actores, directores, guionistas, científicos, académicos y escritores) impulsan la recolección de firmas contra la iniciativa morenista. Hasta las 20:30 horas de este miércoles han logrado el respaldo de 22,870 personas en la plataforma Change.org.
“H. Congreso de la Unión: ¡No aprueben el Dictamen que extingue los fideicomisos públicos! – ¡Firma la petición!”, escribió Gael García en su cuenta de Twitter. La industria nacional, según el Parlamento abierto incluido en el dictamen, genera 30,000 empleos al año.
Otros fondos contemplados son el de Ayuda, Asistencia Y Reparación Integral, cuyo monto corresponde a $574,511,884; así como el Fideicomiso que administra el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo con $1,106,259,611 pesos; además de Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe con $ 678,654,448.
Además del Fideicomiso público y de administración de pago Fondo Regional $3,323,565,838; el Metropolitano $3,980,273,679; el Fondo Minero $ 7,463,745,070; y el de promoción a financiamiento de Mipymes y Emprendedores $1,933,310,526.
“Al aceptar la derogación de los artículos 23 al 28 de la actual Ley de Ciencia y Tecnología, se eliminarían todos los fideicomisos del CONACYT que incluyen el manejo de los fondos institucionales, sectoriales, de cooperación internacional y los mixtos (…). La desaparición de los fondos mencionados y de los fideicomisos que sustentan el trabajo de los CPIs, reduciría sustancialmente los recursos para hacer investigación y formar nuevos investigadores”, externó Pro Ciencia, agrupación de académicos de las principales instituciones del país.
La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), hicieron un llamado al Congreso para que no prospere la propuesta. El recurso del CIDE es de $332,969,290.84. Del Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora” $4,770,968.94; para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social $8,804,685.84; además del Colegio de la Frontera Norte, A.C. con un monto de $62,397,917.00.
En la lista igual aparecen el Fondo de la Financiera Rural con $12,563,526,670 97; el Fideicomiso Programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras $ 1,871,830,698; el Fondo Nacional de seguridad para cruces viales ferroviarios de $141,950,651.
También se encuentran en duda los recursos del Fondo Sectorial de Investigación y en Seguridad Social, cuya cantidad es de $19,096,130; además de aquel para el desarrollo aeropuertario y la navegación aérea con $8,568,237; aquel utilizado para el Desarrollo Social $28,217,447; para el Educación $ 115,472,446; para investigación en Relaciones Exteriores $44,319,661; aquel que monitorea la pobreza entre Conacyt y Coneval $33,623,086; el de desarrollo tecnológico e innovación en actividades espaciales Conacyt – Aem $15,164,828; entre otros.
Al conjunto de legisladores morenistas los han catalogado como “austericidas”. De ese grupo argumentan que la estrategia es para no subir impuestos ni imponer gasolinazos ante el panorama de crisis económica que ya padece el país por la emergencia sanitaria.